El último balance del Ayuntamiento, difundido el 9 de febrero de 2026, sitúa en 404 las cámaras operadas por Policía Municipal, 120 de ellas con apoyo de inteligencia artificial.
La red de videovigilancia municipal entra en una nueva fase. Madrid ha reforzado en los últimos meses sus sistemas en plazas, parques y calles consideradas sensibles, y el Gobierno municipal defiende que estas cámaras ayudan a prevenir incidentes y a esclarecer delitos. La expansión, sin embargo, vuelve a poner el foco en el equilibrio entre seguridad y derechos en la calle.
Dónde están las nuevas cámaras de videovigilancia de Madrid y cuáles llegarán después
Según el último balance municipal, la Policía Municipal opera 404 cámaras y 120 ya incorporan inteligencia artificial para agilizar búsquedas y análisis de imágenes. El uso de esas grabaciones también se ha disparado: las solicitudes pasaron de 1.023 en 2020 a 3.154 en 2025. La mayoría llegan desde la Policía Nacional y se utilizan sobre todo en investigaciones por robos, hurtos, lesiones y otros delitos.
En el actual mandato se han activado o ampliado sistemas en la Puerta del Sol, la plaza del Dos de Mayo, Plaza Elíptica, la calle Cullera, el parque El Calero y el parque de Pradolongo. El Ayuntamiento trabaja además en nuevas cámaras en Oporto, Jacinto Benavente y Parque Paraíso, junto a la renovación de Tirso de Molina y AZCA y la ampliación del sistema de Peña Gorbea. Las imágenes se custodian en el Centro Integrado de Señales de Vídeo, conocido como CISEVI, todas las instalaciones deben contar con carteles informativos y cada sistema necesita el visto bueno previo de la Comisión de Videovigilancia.
Qué límites legales tienen las cámaras con inteligencia artificial en espacios públicos
El encaje legal marca una frontera clara. La normativa europea sobre inteligencia artificial prohíbe con carácter general la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines policiales, salvo supuestos muy concretos, como la búsqueda de desaparecidos, amenazas graves e inminentes o sospechosos de delitos graves, y siempre con autorización previa y controles de proporcionalidad. En España, además, la normativa de videovigilancia y la guía de la AEPD establecen que las imágenes deben suprimirse en un plazo máximo de un mes, salvo que sea necesario conservarlas para acreditar la comisión de un delito.
Con ese marco, el Ayuntamiento insiste en que no busca una instalación masiva en toda la ciudad, sino sistemas concentrados en zonas concretas. Aun así, el crecimiento de las cámaras con inteligencia artificial en Madrid seguirá alimentando la discusión sobre qué nivel de vigilancia acepta una gran capital sin comprometer la privacidad cotidiana de sus vecinos. Accede a nuestra sección de actualidad para conocer otras noticias de interés para los madrileños.
