Un titular ha presentado al fundador de Mensajeros de la Paz como alguien que “quiere expulsar” a familias acogidas en la Catedral de Justo. El problema no es informar sobre un conflicto habitacional, sino convertir una situación social y administrativa compleja en una acusación moral contra quien lleva más de seis décadas trabajando con personas vulnerables.
Hay titulares que no informan: colocan a alguien en la diana. Eso es lo que ocurre cuando se presenta al Padre Ángel como el responsable de echar a familias alojadas en dependencias de la Catedral de Justo, en Mejorada del Campo, con una frase atribuida a los afectados: “Nos echa para tener la licencia”.
El texto publicado recoge la versión de una familia con menores que asegura que se le ha pedido buscar otro lugar para vivir y que no se le ha ofrecido una alternativa habitacional. Pero también recoge la respuesta de Mensajeros de la Paz, que afirma que esa acogida nació como una solución temporal, que se ha prolongado más de lo previsto y que se han ofrecido opciones como un alojamiento en Morata de Tajuña, apoyo económico temporal para un alquiler o el retorno voluntario al país de origen.
Ahí está la diferencia entre informar y señalar. Una cosa es contar que existe un conflicto, que hay familias afectadas y que la situación exige una salida digna. Otra muy distinta es empaquetarlo todo bajo un titular que convierte al Padre Ángel en un villano útil para alimentar prejuicios.
Un titular sobre la Catedral de Justo que convierte un conflicto social en acusación
La Catedral de Justo arrastra un problema administrativo real. El Ayuntamiento de Mejorada del Campo acordó en febrero el cese de cualquier actividad pública hasta que Mensajeros de la Paz presente un proyecto arquitectónico validado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, dentro del proceso de regularización urbanística del inmueble. La entidad sostiene que está tramitando la licencia de apertura y funcionamiento como centro cívico social y sala de exposiciones.
Ese dato importa porque sitúa la controversia en su contexto. No estamos ante una decisión aislada tomada contra varias familias, sino ante un edificio singular, construido durante más de 60 años por Justo Gallego, que carece todavía de la documentación necesaria para su plena regularización. La propia Mensajeros de la Paz define la Catedral de Justo como un centro social y un espacio de encuentro, no como un templo convencional.
Nada de esto borra el sufrimiento de las familias afectadas. Si hay menores, si hay vulnerabilidad y si existe riesgo de pérdida de alojamiento, las administraciones públicas deben implicarse y garantizar una salida habitacional segura. Pero el debate cambia por completo cuando se usa ese sufrimiento para cargar contra quien precisamente acogió cuando otros no dieron respuesta.
La trayectoria del Padre Ángel no puede borrarse con una polémica administrativa
El Padre Ángel no necesita ser tratado como una figura intocable. Toda ONG debe rendir cuentas, explicar sus decisiones y actuar con transparencia. Mensajeros de la Paz también. Pero fiscalizar no es linchar, y exigir explicaciones no es construir una sospecha.
La organización fue creada en 1962 por el Padre Ángel García Rodríguez y recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. Según su Memoria Anual 2025, alcanzó a 155.321 personas, de las que 47.113 fueron beneficiarias directas, con más de 50 proyectos y campañas en España, cerca de 950 voluntarios y presencia en 80 países.
En Madrid, la Iglesia y Centro Social de San Antón sirvió en 2025 más de 100.000 desayunos a personas sin hogar y distribuyó alimentos a 200 familias mensuales a través de su despensa solidaria. Son cifras que no convierten a nadie en infalible, pero sí obligan a medir las palabras antes de convertir una controversia en un juicio sumarísimo.
Madrid necesita más acogida y menos periodismo contra los vulnerables
El artículo denunciado también introduce otros elementos, como la existencia de espacios religiosos diversos en la Catedral de Justo, incluido un espacio musulmán. Presentarlo como motivo de escándalo revela mucho del clima que se pretende alimentar. La propia web del proyecto describe el lugar como un espacio para todas las personas, creyentes o no, y de encuentro entre distintas religiones.
Esa es la cuestión de fondo. Cada vez que aparece una persona migrante, una familia extranjera o un gesto de acogida, ciertos relatos buscan sembrar sospecha. Si se ayuda, se acusa de favorecer. Si se acompaña, se insinúa interés. Si se abre una puerta, se pregunta por qué no se cerró antes.
Madrid no puede construirse sobre esa lógica. Una ciudad decente no enfrenta a las familias vulnerables con quienes intentan ayudarlas, ni convierte una licencia urbanística en una excusa para manchar décadas de trabajo social.
Habrá que resolver la situación de esas familias. Habrá que exigir a Mensajeros de la Paz claridad y a las administraciones una respuesta habitacional digna. Pero también habrá que decir alto que no todo vale. No vale convertir un conflicto complejo en munición ideológica. No vale usar a los vulnerables para atacar a quien ha dedicado su vida a estar cerca de ellos.
Lo inmoral no es preguntar por una licencia. Lo inmoral es usar esa licencia para poner en la picota a quien lleva toda una vida abriendo puertas.
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