Hay sentencias que no solo castigan —o dejan de castigar— a una persona concreta. Hay sentencias que lanzan un mensaje al conjunto de la sociedad. Y la sentencia a Víctor de Aldama lanza uno demoledor: en España, la vara de medir no pesa lo mismo sobre quien vive de una nómina, una hipoteca y un miedo constante a equivocarse, que sobre quien se mueve en los salones donde se reparten contratos, favores, comisiones y contactos.
El Tribunal Supremo ha condenado a Aldama a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho, pero ha suspendido su entrada en la cárcel por su colaboración con la justicia. Además, no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros de las mascarillas que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, al haber sido absuelto de ese delito; la sentencia limita el decomiso solidario a 430.298 euros vinculados al cohecho.
Conviene decirlo sin rodeos: esto es una bofetada al ciudadano común.
No hace falta comparar esta resolución con otras grandes condenas por corrupción para percibir la injusticia. Basta con mirar hacia abajo, hacia la vida normal. Hacia el trabajador que no puede pagar una multa. Hacia el autónomo que se retrasa con Hacienda. El chaval de barrio al que una condena de dos años y un día le cambia la vida. Hacia cualquier persona sin padrinos, sin altavoces mediáticos, sin abogados de élite y sin capacidad para presentarse ante el tribunal como pieza útil de una partida política mayor.
La ley española permite suspender de forma ordinaria penas de prisión no superiores a dos años cuando concurren determinados requisitos, como que el condenado haya delinquido por primera vez y que haya satisfecho las responsabilidades civiles o asumido su pago. Esa frontera de los dos años no es una frase de barra de bar: está en el Código Penal. Por eso, para el ciudadano raso, dos años y un día no son una cifra abstracta. Son una puerta que se cierra.
Y, sin embargo, aquí tenemos a un condenado a cuatro años y medio que no pisa prisión. La explicación jurídica existe: las penas individuales no superan los dos años y el Supremo acude a la suspensión extraordinaria por su colaboración. Pero que algo tenga una vía legal no significa que resulte justo. La legalidad, cuando se aplica con elasticidad hacia arriba y con rigidez hacia abajo, deja de parecer justicia y empieza a parecer privilegio.
El tribunal sostiene que un año de trabajos en beneficio de la comunidad tiene una “carga simbólica” de reparación. Es difícil escribir esa frase sin sentir vergüenza ajena. ¿Reparar simbólicamente el daño causado a la sociedad española? ¿De verdad? ¿Un año de servicios a la comunidad como respuesta a una trama de corrupción en plena pandemia, con mascarillas, contratos públicos y millones de euros de por medio? El propio Supremo habla de bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional lesionados por la corrupción de autoridades y funcionarios públicos.
La expresión “trabajos en beneficio de la comunidad” queda aquí degradada. No porque esa pena sea indigna en sí misma, sino porque se usa como envoltorio moral para suavizar lo insoportable. En España, un conductor que supera una tasa penal de alcoholemia puede acabar condenado a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de perder el derecho a conducir. Y conducir borracho está muy mal, por supuesto. Pero cuando se coloca en la misma familia simbólica a quien comete un delito de tráfico y a quien participa en una trama de corrupción ligada al negocio de las mascarillas durante una emergencia sanitaria, la comparación se vuelve obscena.
Porque no hablamos solo de castigo. Hablamos de pedagogía democrática. Hablamos de lo que el Estado le enseña a la ciudadanía. Y lo que esta sentencia enseña es devastador: si usted se equivoca siendo pobre o simplemente normal, el sistema caerá sobre usted con toda su fuerza; si usted se equivoca desde arriba, con información, contactos, dinero y capacidad para entregar piezas políticas útiles, siempre habrá una puerta lateral.
Aldama no es un arrepentido en el sentido moral de la palabra. Es un condenado que ha colaborado cuando la situación se le puso cuesta arriba. Su confesión llegó meses después de que la Guardia Civil ya hubiera acreditado gran parte de los hechos investigados, y después de su ingreso en prisión preventiva en otra causa penal relacionada con un fraude fiscal en el negocio de hidrocarburos.
Ahí está el núcleo político de la sentencia. No necesariamente porque los jueces hayan dictado una resolución al servicio de un partido, sino porque sus efectos son inevitablemente políticos. La corrupción se convierte en moneda de cambio. El corruptor puede transformar su papel en la trama en un activo procesal. El que repartió dinero, el que se lucró, el que abrió puertas, termina convertido en colaborador necesario para que el sistema se mire a sí mismo y diga que ha funcionado.
Pero un sistema que necesita premiar así a quien ha participado en el saqueo público no funciona: se delata.
La izquierda no puede mirar este caso con complejos. No puede limitarse a celebrar que un exministro socialista haya sido condenado con dureza y pasar de puntillas por el trato recibido por Aldama. Precisamente desde una mirada de izquierdas, el problema central es la desigualdad ante la ley. La corrupción no es solo un delito contra la Administración. Es una forma de violencia contra la mayoría social. Es dinero público capturado por intermediarios. Deterioro institucional. Es la sensación de que todo está amañado. Es gasolina para la antipolítica y para la extrema derecha.
Y por eso esta sentencia es tan peligrosa. Porque el ciudadano que madruga no necesita una clase magistral sobre atenuantes, decomisos y suspensión extraordinaria. Lo que ve es mucho más sencillo: un hombre condenado a cuatro años y medio que no entra en prisión; millones que no vuelven íntegramente; y unos trabajos comunitarios presentados como reparación suficiente. Lo que ve es que la cárcel sigue siendo más probable para quien no tiene poder que para quien sabe negociar con él.
Luego nos preguntaremos por qué tanta gente desconfía de las instituciones. Nos sorprenderemos cuando la palabra “justicia” suene hueca en los barrios. Luego vendrán los discursos solemnes sobre el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley. Pero la igualdad no se predica: se nota. Y en este caso no se nota.
El mensaje debería haber sido otro. Que colaborar con la justicia puede y debe tener consecuencias jurídicas, sí. Pero que colaborar no puede convertirse en una lavandería moral. Que quien se lucra con lo público debe devolver hasta el último euro. Los trabajos comunitarios no pueden utilizarse como coartada simbólica para maquillar una desproporción evidente. Que la corrupción en pandemia no admite indulgencias con aroma de trato preferente.
Porque mientras el ciudadano común sabe que dos años y un día pueden significar cárcel, Aldama ha descubierto que cuatro años y medio pueden significar volver a casa. Esa es la herida. Y esa herida no se cierra con tecnicismos.
Se llama injusticia. Y, sí, también se llama sentencia política.
