Madrid pone en funcionamiento un nuevo contrato de apoyo a las familias en los centros residenciales de la comunidad.
El Gobierno autonómico de Madrid ha implantado una novedosa prestación de apoyo a las familias en los 36 centros residenciales públicos de la región destinados a personas mayores dependientes. El objetivo de esta iniciativa consiste en simplificar el proceso de integración de los nuevos usuarios y optimizar el contacto con sus parientes mediante vías tanto presenciales como digitales. Para ello, la administración regional ha presupuestado una partida superior a los tres millones de euros que se ejecutará en los ejercicios venideros, consolidando así una asistencia más próxima e individualizada.
La licitación pública de esta prestación cuenta con una dotación inicial de 3.184.332,80 euros, con una estimación económica global de 2.631.680,00 euros. Asimismo, el periodo de ejecución se prolongará durante 45 meses, asegurando su prestación efectiva hasta el mes de octubre de 2029.
Labores que asumiran los profesionales asignados
El proceso de contratación de personal se gestiona por medio de un concurso abierto, lo que facilitará la contratación de perfiles profesionales expertos para desempeñar sus funciones directamente en los centros públicos de mayores. Las labores esenciales que asumirán los profesionales asignados a esta tarea comprenden:
- Comunicar de forma periódica a los parientes la situación de salud, el progreso y los cuidados cotidianos del usuario.
- Gestionar con rapidez las dudas, reclamaciones y propuestas de mejora planteadas por los allegados para optimizar el servicio.
- Evaluar de manera constante el grado de conformidad de los residentes y de sus círculos afectivos.
- Ofrecer una asistencia y tutorización técnica a los mayores durante su fase inicial de acomodo en la institución.
La demanda de plazas públicas y la carga del sistema de dependencia
El despliegue de esta medida de apoyo a las familias coincide con una elevada demanda para ingresar en los recursos residenciales de carácter público. Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, a finales de junio de 2026 la cifra de solicitantes pendientes de plaza ascendía a 2.874 personas. En la actualidad, el sistema autonómico gestiona un volumen superior a las 63.000 plazas habilitadas, de las cuales más de 36.800 plazas se reservan para la atención de personas de edad avanzada con dependencia reconocida.
Con el propósito de financiar esta red asistencial, el Ejecutivo autonómico aprobó a mediados de 2026 una inversión de 581 millones de euros para garantizar 10.418 plazas residenciales públicas desde julio de ese año hasta junio de 2028. Esta partida económica se integra en las competencias de la Ley de Dependencia y se complementa con la aportación del Gobierno de España mediante el Real Decreto-ley 17/2026; esta norma estatal daba cobertura, según cifras del Ministerio de Derechos Sociales, a un total de 1.682.785 ciudadanos protegidos en todo el país en mayo de 2026.
El Gobierno madrileño, con esta medida, trata de afianzar el apoyo a las familias como un elemento esencial en el marco de la atención prolongada para personas en situación de dependencia.
