Las herencias, tradicionalmente vistas como un asunto estrictamente familiar, han cobrado una nueva dimensión en el debate público a raíz de la nueva reforma fiscal impulsada por el Gobierno. La desigualdad y la necesidad de recaudar más impuestos han puesto el foco en los impuestos de sucesiones, un tributo que grava la transmisión de bienes y derechos a causa de muerte. En este contexto, se ha anunciado una nueva medida que afectará especialmente a las grandes herencias, generando debate, sobre todo, en un sector político de sobra conocido.
Las herencias como fuente de ingresos para el Estado
Cuando hablamos de ingresos para el Estado, son “beneficios” para el ciudadano. La sanidad no se paga sola, las ayudas a los más desfavorecidos tampoco y un largo etcétera. Tener todos los beneficios que un Estado puede otorgar sin querer pagar impuestos, es una quimera y un sinsentido. ¿Qué ciudadanos reciben más de un millón de euros de Herencia? ¿Cuántos son? En una sociedad equitativa, ¿quién debería pagar más? ¿El qué más tiene, o el que no llega a fin de mes? Y repito, se entiende que haya debate.
Los impuestos de sucesiones constituyen una importante fuente de ingresos para las arcas públicas. A través de este tributo, el Estado recauda una parte del valor de los bienes transmitidos a los herederos. Si bien el peso de este impuesto en la recaudación total varía en función de cada país y comunidad autónoma, su contribución es significativa, especialmente en aquellos casos en los que se transmiten grandes patrimonios.
La cuantía del impuesto de sucesiones depende de diversos factores, como el grado de parentesco entre el fallecido y el heredero, el valor de la herencia y la comunidad autónoma en la que se ubiquen los bienes. En algunos casos, este impuesto puede alcanzar tasas muy elevadas, lo que ha generado críticas por parte de aquellos que consideran que desincentiva la transmisión de riqueza y penaliza a las familias.
La nueva medida del Gobierno
“Las herencias que suponen más de un millón de euros deben aportar más”, ha anunciado la ministra Yolanda Díaz. El documento argumenta que esta medida busca “evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. “Se sugiere la creación de un Impuesto a las Grandes Herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones. Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido”.
Los defensores de esta medida argumentamos que es necesaria para garantizar una mayor justicia social y para financiar servicios públicos esenciales. Además, sostenemos que las grandes fortunas tienen una mayor capacidad para pagar impuestos. Esta medida no afectará a las herencias de pequeño y mediano tamaño. Si nos quitamos de encima los colores políticos, este punto debe de comprenderse por parte de toda la población.
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