El Gobierno regional madrileño tramita las peticiones de una convocatoria dotada con 600.000 euros para taxis y VTC accesibles.
La Comunidad de Madrid ha registrado cerca de 350 peticiones para acceder a las ayudas al transporte adaptado en el sector del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Esta convocatoria de subvenciones, que se halla actualmente en periodo de instrucción, tiene como objetivo amortiguar los gastos operativos de los automóviles accesibles que dan servicio a ciudadanos con movilidad reducida en la región. El intervalo para registrar las solicitudes se inició el 9 de junio de 2026 y concluyó el pasado 29 de junio de 2026, de manera que la administración autonómica ya analiza los expedientes presentados por vía telemática.
Qué requisitos y cuantías tienen las ayudas al transporte adaptado
La convocatoria dispone de una partida global de 600.000 euros que se repartirá de forma proporcional entre todos los aspirantes que reúnan los requisitos demandados. Las normas reguladoras determinan que el importe máximo subvencionable por cada solicitante ascenderá a 2.000 euros por cada vehículo adaptado.
Estas ayudas al transporte adaptado se destinan tanto a trabajadores autónomos como a sociedades mercantiles que posean la titularidad de las licencias al formalizar la petición. Los solicitantes deben responder a los siguientes perfiles:
- Ser titulares de una licencia de autotaxi adaptado en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid.
- Ser titulares de una autorización de VTC adaptada que se encuentre dada de alta en la región madrileña.
Aparte de ostentar la propiedad del automóvil, los trabajadores del sector tienen que demostrar una actividad mínima prestando servicio a pasajeros con discapacidad. Con este fin, resulta obligatorio estar dado de alta en una aplicación de reservas que permita registrar y validar los servicios efectuados. Las reglas demandan haber sumado al menos 200 viajes para personas con movilidad reducida entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.
Plazos de justificación y resolución de la convocatoria madrileña
Una de las características de este proceso es que se orienta a financiar los gastos de la labor ya efectuada a lo largo del ejercicio. Tras finalizar el plazo de inscripción, los profesionales que aspiran a obtener las ayudas al transporte adaptado tendrán que presentar los documentos que acrediten su trabajo en el tramo final del año. Esta gestión se llevará a cabo únicamente de forma digital por medio del Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid.
El plazo para entregar los justificantes permanecerá habilitado del 1 al 15 de noviembre de 2026. En esta quincena, los taxistas y chóferes de VTC deberán aportar un documento acreditativo de su plataforma de reservas que certifique que han completado el volumen de servicios requerido en la convocatoria.
La Consejería responsable cuenta con un margen de tres meses para dictaminar y publicar la resolución final en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Si expira este tiempo sin que se haya comunicado una resolución explícita, los interesados habrán de considerar que sus solicitudes han sido denegadas por silencio administrativo.
Mayor control sobre la flota de vehículos VTC adaptados
Esta partida de subvenciones se encuadra en un escenario de endurecimiento de las reglas de accesibilidad para el transporte de pasajeros en territorio madrileño. Desde el 1 de enero de 2025, las compañías de VTC que administran flotas de diez o más licencias están obligadas por normativa a disponer de al menos un vehículo adaptado por cada diez disponibles en su servicio.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta disposición de inclusión, la administración regional ha reforzado las tareas de control sobre las empresas. A lo largo del año 2025, la Comunidad de Madrid llevó a cabo unas 85.000 inspecciones de transporte para supervisar a las 88 compañías que alcanzan ese volumen de licencias y que deben asegurar por ley la atención a los usuarios con movilidad reducida. Así, las ayudas al transporte adaptado funcionan como un estímulo financiero para favorecer la rentabilidad de una prestación pública fundamental para la libre circulación de todos los ciudadanos.
