Los radares de la DGT recaudan un récord de 246 millones de euros y Madrid se sitúa a la cabeza de los ingresos por multas.
Los radares de la DGT recaudaron una cifra récord de 246.802.934 euros durante el año 2025. Este dato, que supone un incremento del 14% en comparación con el ejercicio anterior, procede de un estudio detallado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). La investigación revela una enorme concentración de la actividad sancionadora, ya que los 50 radares más activos de todo el país acumularon un total de 1.342.285 denuncias, lo que representa prácticamente la mitad de los ingresos obtenidos por exceso de velocidad.
Para comprender el alcance real de estas cifras, conviene diferenciar la estadística de AEA de la contabilidad que maneja la Dirección General de Tráfico. La administración distingue en sus registros oficiales entre los ingresos totales por sanciones (que abarcan todo tipo de infracciones de tráfico) y los ingresos específicos por sanciones de cinemómetro, ya sean dispositivos fijos o móviles. Estas partidas oficiales reflejan el dinero recaudado a lo largo del año, sumando tanto los pagos efectuados en periodo voluntario como los cobrados por la vía ejecutiva, aunque dejan fuera las devoluciones por ingresos indebidos y los abonos realizados al Consorcio de Compensación de Seguros.
Qué provincias andaluzas registran un mayor impacto por los radares de la DGT
El desglose provincial del informe sitúa a Andalucía en una posición muy destacada dentro del mapa recaudatorio nacional. De hecho, Madrid figura en el podio de las tres provincias españolas que más dinero ingresaron por multas de velocidad, acumulando 17,9 millones de euros en sanciones. Solo la superan Valencia, que lidera la tabla con 18,9 millones de euros, y Cádiz, con 16,5 millones de euros.
Este protagonismo de la comunidad autónoma andaluza no es casual. La propia Dirección General de Tráfico diseñó un plan de despliegue para el periodo 2025-2026 que contemplaba la instalación de nuevos radares de la DGT en puntos estratégicos de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. El plan general para el año 2025 preveía la puesta en marcha de 122 nuevos puntos de control de velocidad en toda España. A fecha de 27 de febrero de 2026, el organismo confirmaba que ya se encontraban en servicio 106 de estos dispositivos, de los cuales los 33 más recientes se dividían en 20 cabinas fijas y 13 radares de tramo. Durante el primer mes de funcionamiento de estos nuevos aparatos, Tráfico se limita a enviar una carta informativa a los infractores y no es hasta pasado ese periodo de prueba cuando comienza a tramitar las denuncias con sanción económica.
La administración insiste de forma recurrente en que la colocación de estos dispositivos responde a criterios de seguridad vial. Según los datos oficiales, la implantación progresiva de radares fijos y otras medidas de control de la velocidad desde el año 2005 ha ayudado a reducir en un 75% las víctimas mortales en las carreteras españolas. Además, el organismo mantiene un mapa interactivo actualizado con la ubicación de sus equipos y señala de manera específica los tramos de elevado riesgo para motoristas con el fin de reforzar la vigilancia y evitar accidentes.
Cuánto cuesta una multa de velocidad y cómo funciona el periodo de pago
El cuadro de sanciones de la normativa de tráfico clasifica las infracciones según su gravedad y establece importes muy definidos:
- Las infracciones leves conllevan multas de hasta 100 euros, sin pérdida de puntos.
- Las infracciones graves suponen una sanción económica de 200 euros.
- Las infracciones muy graves están penalizadas con una multa de 500 euros.
En el caso concreto de los excesos de velocidad detectados por los radares de la DGT, las sanciones económicas oscilan entre los 100 y los 600 euros, y pueden implicar la retirada de entre 2 y 6 puntos del carné de conducir. Hay que tener en cuenta que rebasar los límites permitidos de forma desmesurada puede traspasar la vía administrativa y convertirse en un delito penal si se supera en 60 kilómetros por hora el límite en vías urbanas o en 80 kilómetros por hora en carreteras interurbanas.
Cuando un conductor recibe una notificación de denuncia en su domicilio, se abre un plazo de 20 días naturales para actuar. Durante este periodo, el interesado puede acogerse a la reducción del 50% por pronto pago, lo que implica renunciar a presentar alegaciones, o bien interponer un recurso si considera que existe algún error en la medición o en el procedimiento. Una vez superado este plazo de 20 días sin realizar ninguna de las dos acciones, se inicia de forma automática el procedimiento sancionador ordinario por la vía de apremio.
