El Consorcio, participado por la Junta de Andalucía, tiene hasta septiembre para abandonar el edificio histórico de las Escuelas Aguirre tras la decisión municipal de recuperarlo.
El desalojo de Casa Árabe de su sede histórica madrileña ha provocado una intensa disputa política y patrimonial debido a la resolución del Ayuntamiento de la capital de recobrar el edificio de las Escuelas Aguirre. El regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comunicó la recuperación de este emblemático inmueble para realizar una reforma integral y destinarlo a dependencias municipales. El gobierno local ha fijado al Ministerio de Asuntos Exteriores un límite que concluye antes del 1 de septiembre para desalojar el espacio; una disposición que rechazan los partidos de la oposición por el perjuicio cultural e internacional que puede ocasionar.
Esta entidad es un consorcio público diplomático e internacional constituido en julio de 2006. En su dirección cooperan el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. La contribución de la capital consistía en prestar este histórico inmueble neomudéjar.
Por qué el Ayuntamiento de Madrid exige el desalojo de Casa Árabe
El ejecutivo municipal argumenta la urgencia de salvaguardar un patrimonio histórico que sufre un progresivo deterioro estructural. Según el consistorio, recuperar el inmueble coincide con la marcha de la Comunidad de Madrid del consorcio, aplicando una cláusula del acuerdo de cesión de 2008 que posibilita recobrar el lugar sin abonar compensaciones.
A los motivos arquitectónicos se añaden razones de control financiero. La concejala-presidenta de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, sostiene que la medida cuenta con el aval de los informes del Tribunal de Cuentas. Este organismo determinó en diciembre de 2025 que la entidad presenta una situación económica muy grave que amenaza su futuro, con pérdidas anuales próximas al millón de euros y un 63% de contratos públicos con anomalías.
El impacto en Andalucía y el futuro de la institución
Aunque la controversia se debate en el pleno de Madrid, la decisión repercute en una entidad de alcance estatal y autonómico. El Consorcio Casa Árabe cuenta con la implicación de la administración andaluza y del Ayuntamiento de Córdoba, municipio donde mantiene su otra sede operativa. De hecho, la institución prosigue con sus tareas y conmemora su vigésimo aniversario con actos culturales en ambas ciudades.
La salida de las Escuelas Aguirre, catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC) en febrero de 2025 y situadas en el Paisaje de la Luz, genera dudas sobre el destino del personal y de los actos de la sede madrileña. Los datos de la situación administrativa y económica de esta resolución son:
- El préstamo gratuito del inmueble se acordó en 2008 por un plazo de 30 años.
- El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural por el Estado en febrero de 2025.
- El Consorcio tuvo unos gastos ordinarios de 3,2 millones de euros en 2023 y de 3,3 millones en 2024.
- El Ayuntamiento de Madrid notificó formalmente la recuperación del espacio el 29 de junio de 2026.
Un debate político marcado por acusaciones de sectarismo
La oposición de la capital ha reprobado con dureza la medida. Desde Más Madrid, la concejala Carolina Elías afirma que el desalojo de Casa Árabe obedece a motivos ideológicos y políticos, lamentando que se tilde al organismo de chiringuito. A su juicio, emplear ese pretexto es «una chapuza política improvisada, contradictoria y ejecutada con la soberbia de quien cree que una mayoría absoluta le exime de dar explicaciones».
Asimismo, el edil del PSOE Pedro Barrero teme los efectos que tendrá el desalojo de Casa Árabe en la proyección exterior de Madrid, criticando que se obligue a marchar a los trabajadores sin ofrecerles una alternativa. Barrero reprocha al ejecutivo local usar «solo las partes del documento que respaldan su decisión» y añade que el mal estado del inmueble «fue comunicado al Consejo Rector en varias ocasiones sin que las administraciones actuaran».
Ante estas objeciones, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, resta importancia al traslado sobre el prestigio internacional madrileño, argumentando que la fuerza cultural de la ciudad no depende de un único organismo. El porvenir de las Escuelas Aguirre y el nuevo emplazamiento de la delegación de Casa Árabe siguen sin resolverse a pocas semanas del plazo límite.
