El Consistorio complutense incrementa la recogida de muestras de excrementos en los distritos e incide en que omitir la identificación genética del animal acarrea sanciones de hasta 3.000 euros.
El control del registro obligatorio de ADN canino en Alcalá de Henares se ha intensificado de forma progresiva en todos los distritos del municipio. Según informa el Ayuntamiento, se están realizando inspecciones y análisis constantes en áreas como El Val, Ciudad 10, Las Sedas o el Centro Histórico; el objetivo es identificar a los ciudadanos que omiten la recogida de las deposiciones de sus animales. Desde la entrada en vigor de esta iniciativa orientada a la limpieza y el civismo, los servicios municipales han tramitado cerca de 400 expedientes sancionadores: estas penalizaciones se deben tanto al abandono de excrementos en las calles como a la falta de inscripción en el censo genético obligatorio.
Con un censo que sobrepasa los 10.200 perros registrados en la localidad, la administración municipal aspira a lograr la identificación total de la población canina. Las inspecciones de vigilancia, coordinadas junto con la Policía Local, consisten en la recogida de muestras de las deposiciones halladas en la vía pública para su posterior examen en un laboratorio especializado; el contraste de la huella genética obtenida con el registro municipal permite determinar con total exactitud la identidad del animal y, por extensión, localizar al dueño responsable de la infracción cometida. Este tipo de actuaciones ya funcionan en diversos municipios de España.
Funcionamiento del registro de ADN canino en Alcalá y directrices para los propietarios
La inscripción en este censo de carácter genético constituye una obligación legal en el municipio desde el 1 de julio de 2023. A pesar de que la legislación estatal sobre bienestar animal impone de manera general el uso del microchip y el alta en el registro de la comunidad autónoma, la normativa de esta localidad añade este requerimiento biológico complementario: una herramienta destinada a erradicar las conductas incívicas y garantizar el correcto estado higiénico de los espacios públicos de la ciudad.
Los poseedores de canes en el término municipal tienen el deber de acatar las siguientes directrices y obligaciones:
- Registrar el perfil biológico del animal acudiendo a cualquiera de los centros veterinarios autorizados que participan en la campaña.
- Liquidar el pago de la tasa fijada, cuyo importe asciende a 33,03 euros por animal según detalla el portal web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (quedan exentos de este pago los ejemplares adoptados a través del Centro Municipal de Animales de Compañía, CIMPA).
- Recoger obligatoriamente de las aceras y calzadas los excrementos que depositen sus mascotas.
- Portar una botella con agua y elementos neutralizadores, como vinagre o limpiadores aptos, para diluir de manera inmediata la orina de los perros en el mobiliario y las vías públicas.
La distinción clave entre este procedimiento local y el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) regional reside en su objetivo principal: el RIAC consiste en una inscripción autonómica sin coste que debe realizarse antes de que el cachorro cumpla 3 meses desde el nacimiento para asegurar el control sanitario general; por el contrario, el censo de ADN municipal actúa como un mecanismo de control urbano orientado de forma directa a vigilar el cuidado de las calles y promover la responsabilidad de los vecinos.
Multas que alcanzan los 3.000 euros por contravenir la normativa de tenencia de mascotas
La desobediencia de las normas locales puede acarrear importantes consecuencias económicas para los dueños. De acuerdo con la Ordenanza Municipal de tenencia responsable de animales, las infracciones relacionadas con la falta de limpieza o la ausencia del registro genético conllevan sanciones económicas que se sitúan entre los 300 y los 3.000 euros de penalización para los infractores.
Las estadísticas del programa de vigilancia muestran la labor inspectora del consistorio, con un promedio de 29 muestras mensuales tomadas en la calle por el personal de limpieza y la Policía Local. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, de las denuncias procesadas, un total de 197 se debieron al abandono de deyecciones, mientras que otras 150 sanciones se aplicaron por carecer del registro biológico del animal; el Gobierno municipal mantendrá estos dispositivos de control activos de forma ininterrumpida durante todo el ejercicio para asegurar la salubridad de las vías públicas en todos los barrios.
