Función Pública ha citado a los sindicatos los días 23 y 25 de marzo para rematar la reducción de jornada en la Administración General del Estado. La negociación incluye también la Oferta de Empleo Público de 2026 y el acceso de personas con discapacidad.
La jornada de 35 horas en la AGE afronta sus últimas reuniones antes de convertirse en una realidad. El Ministerio de Función Pública ha convocado dos citas técnicas esta semana para ultimar el texto y llevarlo después a la Mesa General de Negociación. Este paso es necesario antes de su aplicación. La reducción rebajará la jornada ordinaria desde las 37,5 horas semanales y se apoya en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022 por el Gobierno, CCOO y UGT.
Qué cambia con la jornada de 35 horas en la AGE y qué pasos faltan para aprobarla
La previsión que manejan el Ejecutivo y los sindicatos es que la nueva jornada quede efectiva en marzo. Tras las reuniones del 23 y 25 de marzo, Función Pública deberá convocar la Mesa General de la AGE y dictar las instrucciones de aplicación. Después llegará la modificación de la resolución de jornada y horarios, que acabará publicada en el BOE.
El principal punto de fricción sigue siendo el alcance de la medida. La propuesta conocida hasta ahora deja fuera a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a parte del personal con regulación específica, como instituciones penitenciarias, centros sanitarios, docentes y servicios de apoyo a la docencia. Los sindicatos piden que la reducción horaria llegue a toda la AGE o que se pacte una fórmula para que esos ámbitos no queden fuera.
Tal y como está planteada, la medida afectará de forma directa a más de 200.000 empleados de la Administración central. Además, algunos ayuntamientos podrían verse afectados de forma indirecta al tomar como referencia la jornada estatal.
Las 35 horas en la AGE llegan junto a la Oferta de Empleo Público de 2026
Las reuniones de esta semana no se limitan a la jornada laboral. Función Pública también llevará a la comisión técnica de temporalidad y empleo la Oferta de Empleo Público de 2026 y la regulación del acceso de las personas con discapacidad a la AGE. A la vez, UGT ha puesto sobre la mesa el atasco de las convocatorias de personal laboral de 2023, 2024 y 2025, con 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna todavía sin convocar.
El sindicato reclama además más empleo neto y plantillas reforzadas en organismos con alta demanda de atención, como el SEPE, la DGT, las oficinas de extranjería y la Seguridad Social. Si el calendario no vuelve a moverse, la implantación entrará en vigor antes de que termine marzo. Entra en nuestra sección de empleo para conocer otras noticias laborales.
