El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da un plazo de 20 días al Ayuntamiento para presentar alegaciones mientras los conductores reclaman la devolución de las sanciones.
La anulación de las ZBE de Madrid encara su etapa final tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; el órgano judicial ha iniciado el trámite de ejecución de la sentencia que invalidó la Ordenanza de Movilidad Sostenible y concede tres semanas al gobierno municipal para formular sus argumentos. Esta medida se produce después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación del consistorio: una decisión que otorga firmeza al dictamen de septiembre de 2024, el cual consideró que la regulación aprobada en 2021 carecía de un análisis de impacto económico suficiente y riguroso.
Cómo afecta la anulación de las ZBE a las multas de los conductores
El conflicto legal se traslada ahora a las repercusiones financieras para los miles de ciudadanos sancionados en la capital; en este escenario, la asociación Automovilistas Europeos Asociados reclama suspender de inmediato todos los procedimientos de cobro y apremio vigentes. De acuerdo con las estimaciones de esta entidad, la invalidez de la normativa podría forzar la revisión de más de tres millones y medio de expedientes sancionadores: una cifra que se traduce en un coste global próximo a los 700 millones de euros en reclamaciones.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid adopta una postura mucho más prudente en su portal de tributos; el Ejecutivo local defiende que la firmeza del fallo judicial únicamente obliga a anular las sanciones relativas a las áreas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica aplicadas antes del 6 de abril de 2026, siempre que sigan tramitándose y no se hayan abonado. La administración municipal precisa que los afectados no deben realizar gestiones de oficio: no obstante, advierte de que no se reintegrará el importe de aquellas penalizaciones que ya hayan sido pagadas.
Qué vehículos pueden circular tras la nueva ordenanza municipal de Madrid
La incertidumbre de los usuarios coincide con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza 2/2026, aprobada el 6 de abril de 2026 para subsanar los errores de forma detectados por los tribunales; mediante este texto, el Ayuntamiento mantiene las limitaciones de tráfico en todo el término municipal. La restricción de entrada sigue afectando a los automóviles sin etiqueta ambiental, catalogados con el distintivo "A": con salvedades concretas para los conductores con movilidad reducida y los vehículos históricos debidamente registrados.
Las claves del nuevo marco normativo tras la reforma municipal son:
- Mantener el veto generalizado para los automóviles con distintivo "A" que no se encuentren empadronados en la ciudad.
- Autorizar el tránsito temporal de determinados coches sin etiqueta fuera de las áreas protegidas siempre que los niveles de polución sean estables.
- Fijar multas de 200 euros por accesos no autorizados (reducidas a la mitad por pago voluntario) en caso de infringir las normas de calidad del aire.
- Eximir de estas limitaciones de paso a los automóviles reconocidos formalmente como históricos.
El impacto de la normativa estatal en los municipios andaluces
Las consecuencias del litigio madrileño se observan con gran atención en el resto del territorio nacional; la Ley de Cambio Climático exige a las localidades de más de 50.000 habitantes el establecimiento de restricciones de tráfico en sus cascos urbanos. De este modo, grandes urbes de Andalucía como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba se encuentran actualmente diseñando o consolidando sus propios planes de movilidad urbana bajo el marco legal que establece el Real Decreto 1052/2022.
La cantidad de expedientes administrativos que gestionan estas grandes ciudades es muy elevada; a modo de ejemplo, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid detalla que durante el año 2025 se tramitaron 1.811.013 denuncias graves y 1.368.412 leves en la capital de España. En consecuencia, el precedente que sienta la anulación de las ZBE por carencias en su memoria económica obliga a los consistorios andaluces a blindar jurídicamente sus futuras normativas locales para evitar un escenario de vulnerabilidad similar en sus municipios.
