El TSJ del País Vasco declaró nulo el despido de un empleado de RSU Bilbao UTE al considerar que la empresa vulneró su derecho a la intimidad al colocar un localizador en su vehículo particular. La sentencia obligó a readmitirlo y a abonarle los salarios dejados de percibir.
Un trabajador que estaba de baja por incapacidad temporal debido a un dolor en el brazo fue despedido después de que la empresa le atribuyera numerosos desplazamientos en coche, compras en supermercados, visitas a El Corte Inglés, asistencia a un txoko y transporte de equipajes. La prueba parecía comprometedora, pero el tribunal apreció un problema decisivo: el seguimiento se había realizado con un GPS instalado por un detective privado en el coche particular del empleado, sin su conocimiento ni autorización.
El despido durante la baja médica se basó en trayectos, compras y equipajes
La empresa sostuvo que el trabajador había realizado actividades incompatibles con su situación de incapacidad temporal. En la carta de despido se recogían desplazamientos por Bilbao, Galdakao y Zuazo de Kuartango, además de cargas de bolsas y equipajes que, según la compañía, exigían esfuerzo físico.
El empleado, contratado por RSU Bilbao UTE y dedicado a tareas relacionadas con la limpieza viaria y recogida de basuras en Bilbao, había iniciado la baja. La empresa lo despidió el 5 días después por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao declaró nulo el despido y condenó a la empresa a la readmisión inmediata, con el abono de los salarios dejados de percibir a razón de 140,18 euros diarios. La compañía recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El GPS colocado en el coche particular vulneró la intimidad del trabajador
La Sala de lo Social del TSJ del País Vasco no negó que una empresa pueda acudir a detectives privados para comprobar posibles irregularidades durante una baja médica. La propia sentencia admite que, ante sospechas, puede haber seguimientos limitados y proporcionados en espacios públicos.
Lo que el tribunal rechazó fue la instalación de un GPS en el vehículo privado del trabajador. Para la Sala, la monitorización en tiempo real durante la semana en que el contrato estaba suspendido afectaba al derecho a la intimidad, porque permitía conocer de forma continua dónde estaba el empleado, sus itinerarios, pausas, kilómetros recorridos e incluso la velocidad de circulación.
El TSJ consideró que esa medida era innecesaria y desproporcionada, ya que el seguimiento visual ordinario era menos invasivo. La utilización del localizador respondía a la comodidad del investigador, pero no justificaba invadir la vida privada del trabajador.
Por qué el tribunal confirmó la nulidad y no solo la improcedencia
La empresa defendía que, en todo caso, debía anularse solo la prueba obtenida con el GPS y declarar el despido improcedente. El TSJ rechazó ese planteamiento. La Sala entendió que la información visual posterior también estaba contaminada, porque los detectives pudieron seguir al trabajador gracias a los datos obtenidos en tiempo real mediante el localizador.
Por ese motivo, aplicó la doctrina de los “frutos del árbol envenenado”: si la fuente inicial de la prueba vulneraba un derecho fundamental, también quedaban afectadas las pruebas derivadas de ella.
La consecuencia fue la nulidad del despido, no una simple improcedencia. El tribunal razonó que los hechos usados para cesar al trabajador habían sido conocidos mediante un método contrario a sus derechos fundamentales, por lo que la medida empresarial debía quedar sin efecto.
El Tribunal Supremo confirmó después esta decisión, al desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por RSU Bilbao UTE contra la resolución del TSJ vasco. Puedes conocer otras sentencias laborales útiles, entrando en nuestra sección de empleo.
