La principal patronal del sector de la dependencia abre la puerta a 160.000 contratos para inmigrantes que serán regularizados, pero advierte de que solo la formación y la acreditación profesional garantizarán empleo estable y cuidados de calidad.
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha anunciado que las empresas de atención a mayores y personas dependientes están en condiciones de incorporar hasta 160.000 trabajadores procedentes de la regularización extraordinaria de inmigrantes que prepara el Gobierno de España, siempre que se ponga en marcha un plan urgente de formación y acreditación profesional. La patronal insiste en que la medida puede ser una oportunidad para el país si sirve para cubrir vacantes reales con empleo formal y cualificado.
160.000 empleos en el sector de la dependencia para inmigrantes regularizados
La oferta de la FED se dirige a personas migrantes que podrán obtener permiso de residencia y trabajo gracias a la regularización extraordinaria que afectará, según las estimaciones oficiales, a unas 500.000 personas que ya viven en España.
Los puestos se concentran en residencias de mayores, centros de atención a la dependencia y servicios de ayuda a domicilio, donde faltan profesionales para cubrir turnos y garantizar la continuidad asistencial. La patronal asegura que puede ofrecer “empleo real a 160.000 personas” y reforzar un sector considerado esencial por el envejecimiento acelerado de la población, pero subraya que la incorporación deberá hacerse con garantías de calidad y supervisión profesional.
Un déficit estructural de cuidadores que la regularización extraordinaria puede aliviar
El sector arrastra desde hace años un déficit estructural de cuidadores y personal auxiliar, agravado por el aumento de la esperanza de vida y la mayor demanda de cuidados de larga duración. La propia FED alerta de que ya hoy hay servicios que no se prestan por falta de trabajadores, especialmente en la atención domiciliaria y en los cuidados continuados.
Así mismo, el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros permitirá obtener permiso de residencia y trabajo a extranjeros que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de residencia continuada y carezcan de antecedentes penales. La medida, pactada entre el Gobierno y Podemos, aspira a integrar social y laboralmente a unas 500.000 personas y formalizar relaciones laborales que hoy permanecen en la economía sumergida.
Formación específica y acreditación profesional, condición clave para los inmigrantes que quieran acceder a los empleos
El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha sido tajante al advertir de que “regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar”. La organización condiciona el éxito de la medida a un plan extraordinario basado en empleo formal, formación específica y acreditación de competencias profesionales mediante el Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP), con el que se reconoce la experiencia previa de los trabajadores.
Este enfoque permitiría que personas migrantes que ya han trabajado en cuidados, muchas veces sin contrato o en condiciones precarias, puedan transformar esa experiencia en una cualificación oficial y acceder a mejores salarios, estabilidad laboral y carrera profesional. Al mismo tiempo, las empresas dispondrían de plantillas más formadas para tareas tan sensibles como movilizar a una persona dependiente, prevenir caídas, administrar una correcta higiene o detectar señales de deterioro cognitivo.
Impacto en la economía sumergida y en la calidad de los cuidados
La FED recuerda que una regularización bien diseñada puede aflorar miles de empleos que hoy se desarrollan en la informalidad, sin cotizaciones ni protección social, y transformarlos en contratos estables con derechos laborales plenos. Para las arcas públicas, la experiencia de anteriores procesos de regularización apunta a un aumento de ingresos por cotizaciones y a una reducción del fraude asociado al empleo irregular.
Sin embargo, la patronal también avisa de los riesgos si el proceso no se gestiona con rigor: saturación administrativa, aparición de nuevas formas de precariedad pese al cambio de estatus legal o un incremento de incidencias asistenciales si se incorporan trabajadores sin la preparación necesaria. Por ello, reclama planificación, coordinación entre administraciones y seguridad jurídica, de forma que la regularización se traduzca en más calidad de vida para las personas dependientes y en trayectorias laborales sólidas para quienes lleguen a estos puestos.
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