Hacienda retrasa a 2027 la obligación de implantar Verifactu para pymes y autónomos

Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2025 a las 18:24
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Entrevista del Presidente del Gobierno sobre el retraso de Verifactu para pymes y autónomos

El Gobierno retrasa un año la obligación de implantar el nuevo reglamento de sistemas de facturación, conocido como Verifactu, que pasa a ser exigible a partir del 1 de enero de 2027 para pymes y del 1 de julio de ese mismo año para autónomos, tras las quejas de asociaciones y patronales.

El Ejecutivo ha decidido aplazar la entrada en vigor de Verifactu, el sistema diseñado por la Agencia Tributaria para controlar la facturación de empresas y profesionales. La obligatoriedad para las pymes, principalmente declarantes del Impuesto de Sociedades, se fija ahora en el 1 de enero de 2027, mientras que los trabajadores autónomos dispondrán de margen hasta el 1 de julio de ese año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en entrevistas que el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, con el que se atienden varios compromisos con Junts, incluye esta ampliación de plazos para la digitalización de los procesos de facturación, que inicialmente debía entrar en vigor en apenas un mes.

Quiénes deben adaptarse al sistema de facturación Verifactu y desde cuándo

Fuentes de Hacienda señalan que, en ambos casos, la obligación se retrasa un año. Para los declarantes del Impuesto de Sociedades, la fecha clave pasa a ser el 1 de enero de 2027 y, para el resto de obligados, fundamentalmente autónomos, el 1 de julio de 2027. El Ministerio justifica la decisión en la necesidad de adaptar los sistemas informáticos de facturación y garantizar una implantación ordenada y homogénea en todo el tejido empresarial.

La nueva normativa exige adaptar los programas de facturación de quienes no emiten facturas a mano ni con procesadores de texto como Word o Excel. Estos software deberán generar ficheros con una especie de huella digital que impida alteraciones posteriores y añadir un código QR en cada factura, desde el que se podrá acceder a determinados datos fiscales de la empresa que la emite.

Según explica Èlia Urgell, responsable de producto de Tax & Invoicing en Wolters Kluwer, por cada factura emitida se debe generar un registro de facturación. A partir de ahí, las empresas tendrán dos caminos posibles:

  • Guardar los registros de facturación en su propio sistema para facilitar su envío cuando lo requiera la Agencia Tributaria.
  • Optar por la modalidad Verifactu, en la que el sistema envía automáticamente cada registro de facturación a la Agencia Tributaria, que pasa a custodiar esa información.

En ambos casos, el objetivo es reforzar el control sobre las facturas y evitar manipulaciones. Para muchas pequeñas empresas y autónomos, este salto tecnológico no es precisamente poca cosa, de ahí parte de la inquietud que ha generado.

Críticas de autónomos y pymes por el coste y la inseguridad jurídica

El retraso era una demanda de Junts y también de las patronales catalanas. Pimec, en particular, reclamó ayudas directas para implantar Verifactu, después de que uno de cada cuatro empresarios creyera que tendría que gastar entre 1.000 y 6.000 euros en actualizar el software y los equipos. Además, más de la mitad de sus asociados en comercio, un 55,4 %, admitían desconocer cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, fue especialmente crítico con el calendario inicial. Reclamó que la implementación de Verifactu se pospusiera a 2027, recordó que la facturación electrónica general no será obligatoria para autónomos y pymes hasta 2028 y pidió que no se pusiera más trabas a quienes trabajan con ellos, subrayando que todavía se espera un real decreto del Ministerio de Economía. Tras el cambio de rumbo, consideró la rectificación del Ejecutivo como bienvenida y recordó que ATA solicitó la prórroga a finales de octubre, agradeciendo que Junts asumiera esta reivindicación.

Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha calificado el giro del Gobierno como un despropósito. A su juicio, plantear medidas y luego dar marcha atrás solo genera desconfianza, no aporta seguridad y alimenta el cansancio de un colectivo que, según denuncia, está harto de esta situación, hasta el punto de que parece que nadie esté al volante. Entra en nuestra sección de actualidad para conocer otras noticias de interés.

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