La Audiencia provincial de Madrid ha suspendido el desahucio de una pareja y su hija de cuatro años en el barrio de Vallecas. La vivienda, propiedad del Arzobispado de Madrid, fue objeto de una orden de desalojo que emitió un juzgado de primera instancia. La decisión de la Audiencia se basa en la necesidad de evaluar adecuadamente la situación de vulnerabilidad de la familia, especialmente considerando la presencia de un menor.
La Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver de un delito de usurpación de una vivienda en Vallecas a esta familia, según consta en la sentencia, en el que los magistrados también dejan sin efecto el desahucio de la familia, que había reclamado la propietaria, el Arzobispado de Madrid.
Resolución de la Audiencia Provincial
El conflicto legal se originó cuando el Arzobispado de Madrid solicitó el desalojo de la familia, alegando ocupación indebida de la vivienda. La pareja, que reside en el inmueble desde hace varios años, con el consentimiento del párroco, sostiene que su presencia en la vivienda siempre ha sido consentida y que no cuentan con recursos suficientes para acceder a una alternativa habitacional. La defensa argumenta que la ejecución del desahucio sin considerar la situación de vulnerabilidad de la familia, especialmente la presencia de una menor, contraviene principios legales y derechos fundamentales. La Audiencia Provincial considera «acreditado» que la pareja accedió al inmueble con el consentimiento de su poseedor, por lo que ha decidido suspender el desalojo.
¿Qué reacciones ha habido ante esta sentencia?
Organizaciones defensoras del derecho a la vivienda han expresado su apoyo a la decisión judicial, destacando la necesidad de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, los vecinos están en la otra cara de la moneda, ya que fueron ellos los que dieron aviso de la presencia de la familia en el inmueble, manifestando ciertas quejas. El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de los desahucios en Madrid y la responsabilidad de las instituciones religiosas en la administración de sus propiedades.
Algunos sectores critican la actuación del Arzobispado, instándolo a buscar soluciones que no impliquen el desalojo de familias sin recursos. Por su parte, representantes de la Iglesia han señalado que el proceso legal sigue su curso y que se respetarán las decisiones judiciales. Puedes conocer otras sentencias de interés público en nuestra sección de actualidad.
