En España, el auge del mercado de alquiler ha traído consigo una proliferación de cláusulas contractuales que, aunque legales en ciertos casos, generan preocupación entre los inquilinos. Una de las más controvertidas es la que otorga al propietario la posibilidad de recuperar la vivienda en cualquier momento, incluso sin que exista un incumplimiento por parte del arrendatario. Este tipo de disposiciones, que suelen incluirse en el contrato bajo fórmulas como “necesidad de uso propio o familiar” o “recuperación anticipada del inmueble”, permiten al arrendador finalizar el contrato antes de los cinco años mínimos que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), siempre que se cumplan ciertos requisitos.
La Ley de Arrendamientos Urbanos y las cláusulas de resolución anticipada en los contratos
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada en 2019, establece que la duración mínima de un contrato de alquiler debe ser de cinco años si el arrendador es persona física, o de siete si es persona jurídica. No obstante, el artículo 9.3 de la ley contempla que, tras el primer año de contrato, el propietario puede recuperar la vivienda si la necesita para sí o sus familiares de primer grado, siempre que esta intención quede reflejada en el contrato y se notifique al inquilino con al menos dos meses de antelación. Esta cláusula debe cumplir con requisitos concretos: debe estar expresamente incluida en el contrato y el uso de la vivienda por parte del propietario debe hacerse efectivo en un plazo de tres meses desde el desalojo. Si no se cumple este último punto, el inquilino tiene derecho a ser reinstalado o indemnizado.
El problema surge cuando estas cláusulas se redactan de forma ambigua o se utilizan para justificar la finalización anticipada sin que exista una causa real de necesidad. Algunas inmobiliarias incluyen en los contratos fórmulas que permiten al arrendador recuperar la vivienda en cualquier momento, sin una causa concreta ni la obligación de justificarla. En estos casos, se estaría vulnerando el espíritu de la LAU, y el inquilino podría impugnar la cláusula por considerarse abusiva.
¿Qué recursos tiene el inquilino?
Las organizaciones de defensa del consumidor, como FACUA o la OCU, recomiendan a los inquilinos revisar detenidamente el contrato antes de firmarlo, y consultar con profesionales en caso de detectar cláusulas poco claras. Según expertos jurídicos, si una cláusula permite al propietario echar al inquilino sin motivo justificado o sin respetar los plazos legales, puede ser anulada por un tribunal por contravenir la normativa vigente o por ser considerada abusiva según la Ley de Defensa de los Consumidores.
En caso de conflicto, el inquilino puede presentar una demanda civil o acudir a los servicios de mediación de vivienda autonómicos. Puedes conocer otras gestiones inmobiliarias en nuestra sección de trámites.
