El último truco empresarial para ahorrarse las indemnizaciones por despido ha dejado atónitos a los trabajadores de Xi’an. Una agencia de publicidad decidió mudar su sede a las remotas montañas Qinling, con la intención de que los empleados tiraran la toalla y firmaran su dimisión voluntaria. El resultado fue inmediato: 14 de los 20 trabajadores presentaron su renuncia tras comprobar las penosas condiciones que les esperaban.
Traslado de la sede a una zona remota y los obstáculos diarios para la plantilla
El cambio de localización implicaba un viaje de dos horas de ida y otras dos de vuelta. Quienes tenían coche aún podían afrontar la ruta, pero, ¿qué pasaba con los compañeros sin vehículo? Dependían de un autobús que solo pasaba cada tres horas y, después, tenían que caminar otros tres kilómetros por senderos plagados de perros salvajes. Un taxi desde la estación más cercana costaba unos 60 yuanes (algo más de ocho euros) y la empresa se negó a cubrir ese gasto.
La maniobra escondía un objetivo claro: expulsar a los trabajadores con más antigüedad y, por tanto, con salarios más altos. Al renunciar, los afectados perdían el derecho a la indemnización por despido y la empresa podía contratar personal nuevo con menores sueldos. De hecho, apenas una semana después de que la noticia se hiciera viral, la agencia ya había regresado discretamente a la ciudad y publicado ofertas para cubrir las mismas vacantes. Y sí, suena tan surrealista como parece.
Antes de seguir, plantéate algo: ¿Aceptarías un trayecto así para conservar tu puesto?
Estos fueron los principales obstáculos que forzaron la renuncia colectiva:
- Cuatro horas diarias de desplazamiento, con tramos sin transporte público.
- Caminatas de tres kilómetros por senderos montañosos.
- Presencia de perros salvajes y falta de seguridad en la zona.
- Ausencia de aseos y servicios básicos en la oficina provisional.
- Negativa de la empresa a asumir costes de transporte o dietas.
Derechos laborales vulnerados y posible demanda por difamación contra los exempleados
La compañía defendió que el traslado era “temporal” y motivado por el alto alquiler en el distrito financiero. Sin embargo, los hechos evidencian una estrategia para esquivar responsabilidades laborales. Tras la dimisión masiva y la difusión del caso, la empresa amenazó con demandar a los exempleados por “dañar su reputación”. Un movimiento que, lejos de calmar los ánimos, ha encendido el debate sobre el abuso de poder empresarial y la necesidad de reforzar la protección frente a despidos encubiertos.
Por tanto, este episodio demuestra hasta dónde puede llegar una compañía para recortar costes laborales y cómo, en ausencia de mecanismos de control eficaces, los derechos de los trabajadores quedan en la cuerda floja. De ahí que resulte imprescindible vigilar estas prácticas y exigir transparencia cuando un traslado laboral parezca más una coacción que una necesidad productiva.
