La propuesta del Ministerio de Trabajo plantea que los trabajadores accedan a acciones de la empresa y participen en los órganos de decisión.
El Ministerio de Trabajo ha presentado este lunes un informe elaborado por una comisión de expertos internacionales que actúa como un “manual para democratizar las empresas españolas”, en palabras de Yolanda Díaz. A partir de ahora, su departamento abrirá una mesa de diálogo social para pactar con empresarios y sindicatos una propuesta legislativa ya esbozada en el documento.
¿Cuáles son los umbrales mínimos para que los trabajadores entren en los consejos de administración y tengan acciones?
El objetivo del plan es doble: que los trabajadores participen en la gobernanza de las empresas y que puedan acceder a la propiedad “de los medios de producción”. Para lo segundo, los expertos plantean que las empresas de 25 o más trabajadores tengan la obligación de permitir que la plantilla acceda a un porcentaje mínimo de acciones.
Según el documento, el umbral de entrada sería del 2% en empresas desde 25 empleados, y subiría hasta el 10% en compañías con más de 1.000 trabajadores. Además, se plantea que la propiedad o la gestión de esas acciones por parte de los empleados se articule mediante un fideicomiso u “otro vehículo adecuado”.
En el plano de la toma de decisiones, el informe propone fijar umbrales legales mínimos de representación en los consejos de administración. Para empresas con entre 50 y 1.000 empleados, al menos un tercio de los asientos deberían estar ocupados por trabajadores. En las de más de 1.000 empleados, la propuesta eleva ese mínimo a la mitad.
¿Y cómo se organizaría esa representación? El documento abre varias vías: una opción sería delegar el peso del voto de la plantilla en el comité de empresa; otra, designar una representación específica de los trabajadores para ocupar esos puestos en el consejo. Díaz ha avanzado que activará este año la ley para que los trabajadores entren en los consejos, con el diálogo social como vía de negociación.
Un índice para medir la democracia corporativa y ligar incentivos públicos
El informe también incluye una herramienta para comprobar si las empresas avanzan en la implantación de las medidas. Se trata de un “índice de desarrollo democrático corporativo”, que mediría el grado de cumplimiento tanto en participación como en acceso a la propiedad empresarial.
Según la propuesta, el comité de empresa sería el encargado de recoger los datos necesarios para ese índice. Y lo relevante es lo que vendría después: en función del resultado, se premiaría a las empresas más avanzadas y se desincentivaría a las que no implanten las medidas mediante un sistema de incentivos tipo “bonus/malus”. El documento menciona tres palancas concretas, que se aplicarían según el nivel de avance:
- Acceso a incentivos fiscales.
- Acceso a menores tipos impositivos.
- Acceso a la contratación con las administraciones públicas.
Si una empresa progresa, tendría ventajas; si se queda atrás, lo notaría en su relación con ayudas y contratación pública. Puedes conocer otras noticias laborales accediendo a nuestra sección de empleo.
