La Agencia Tributaria ha intensificado sus medidas de control sobre los autónomos, imponiendo nuevas sanciones económicas para aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Una de las novedades más destacadas es la multa de 600 euros que se aplicará a los autónomos que no informen al fisco sobre sus proveedores. Esta medida, incluida en la Ley Antifraude, busca garantizar la transparencia en las operaciones económicas y combatir el fraude fiscal. Al año se pierde más de un 20% de la recaudación del IRPF por fraude, no es calderilla.
¿Por qué es importante informar sobre los proveedores?
La obligación de informar sobre los proveedores es fundamental para garantizar la transparencia en las operaciones económicas y evitar prácticas como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Al conocer a los proveedores de un autónomo, la Agencia Tributaria puede verificar la veracidad de los gastos declarados y detectar posibles irregularidades. Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, los autónomos están obligados a:
- Deberán disponer de la identificación fiscal de todos los proveedores con los que realicen operaciones económicas.
- Deben conservar toda la documentación que acredite las operaciones realizadas con sus proveedores, como facturas y contratos.
- En caso de requerimiento, los autónomos deberán presentar a la Agencia Tributaria toda la información solicitada sobre sus proveedores.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear graves consecuencias para los autónomos, como la imposición de sanciones económicas. La multa de 600 euros es solo una de las posibles sanciones, ya que la Agencia Tributaria puede imponer multas adicionales en función de la gravedad de la infracción. Además, la falta de información sobre los proveedores puede dificultar la deducción de gastos en la declaración de la renta y generar problemas en futuras inspecciones fiscales. Aparte, estarás bajo la lupa de Hacienda desde ese momento, y al mínimo descuido tendrás problemas serios.
Todo esto, como hemos dicho, está estipulado en la Ley Antifraude. El fraude fiscal es un problema grave en España. Aunque es muy difícil de medir, y las aproximaciones para calibrar este fenómeno muchas veces no coinciden, Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, calcula que la economía sumergida oculta en este país unos 240.000 millones de euros.
¿Qué otras medidas “salpican” a los autónomos?
Uno de los cambios más importantes que propone afecta a los programas de contabilidad y facturación de las compañías. En el verano de 2025, la “Ley antifraude” afectará a todas empresas y autónomos de este país que emitan facturas y tengan sede en territorio nacional. Ellas deberán estar facturando con software adaptado a esta norma y que, por lo tanto, evite dobles contabilidades y el fraude fiscal. Antes afectará a los fabricantes de software. Y es que, durante este año 2024, los proveedores de software tendrán que adaptar sus programas a los requerimientos del reglamento técnico de la ley, conocido el pasado diciembre.
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