El Gobierno español ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley que tiene el punto de mira puesto sobre el empleo público. Se trata de la suspensión de empleo y sueldo para aquellos funcionarios que acumulen retrasos injustificados. Esta medida, que busca combatir el absentismo y fomentar la puntualidad, ya está siendo debatida por sindicatos, asociaciones de funcionarios y partidos políticos (nunca llueve a gusto de todos). La propuesta aparece en un contexto concreto, el desencanto del ciudadano con la eficiencia y la productividad de algunas personas en el sector público, donde el absentismo laboral se ha convertido en un problema persistente.
¿Cuáles son los detalles de este proyecto de ley?
Según datos recientes, el absentismo en la administración pública supera la media del sector privado, lo que supone un coste significativo para las arcas públicas. La medida, de aprobarse, implicaría la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), introduciendo un nuevo régimen disciplinario más estricto para los retrasos. Es un paso, que aunque tendrá detractores, es importante para el buen desempeño de su trabajo por parte del sector público.
El proyecto de ley establece un sistema de acumulación de retrasos. En este, un número determinado de llegadas tardías injustificadas conllevaría la suspensión de empleo y sueldo durante 30 días en algunos casos. El Gobierno argumenta que esta medida es necesaria para garantizar la igualdad de trato entre los empleados públicos y los del sector privado, donde la puntualidad es un requisito obligatorio. Se establece mecanismos de control y seguimiento para garantizar que la medida se aplique de manera justa y proporcional, evitando posibles abusos.
Como hemos dicho anteriormente, los sindicatos no la recibieron con agrado (FAC-USO). Consideran que la medida es desproporcionada y que no aborda las causas profundas del absentismo laboral. Los sindicatos argumentan que este puede estar relacionado con problemas de salud, estrés laboral o falta de motivación, y que la solución pasa por mejorar las condiciones de trabajo y fomentar un ambiente laboral saludable. Además, los sindicatos temen que la media pueda ser contraproducente, creando desconfianza y miedo entre los funcionarios, lo que podría afectar a su rendimiento.
¿Cómo podrá instaurarse esta medida?
La implementación de la medida requeriría la creación de un sistema de control y seguimiento eficiente, así como la modificación del EBEP. Además, sería necesario establecer criterios claros y objetivos para determinar qué retrasos se consideran justificados y cuáles no. También podría tener implicaciones económicas, ya que la reducción del absentismo podría generar ahorros para las arcas públicas. Sin embargo, también existe el riesgo de que la medida genere un aumento de la conflictividad laboral y de los litigios.
Aún es pronto para saber si llegará a buen puerto este proyecto de ley, pero desde nuestro portal informativo estaremos pendientes de las actualizaciones que nos proporcionen desde el Gobierno. En nuestra sección de actualidad podrás informarte de los cambios que vayan acaeciendo.
