El Gobierno da un paso decisivo para blindar los derechos de las personas dependientes y de quienes se los prestan. El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el proyecto que reforma la Ley de Dependencia y la Ley General de Discapacidad: contempla que los allegados (no solo familiares por consanguinidad) puedan percibir la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, suprime la prohibición de compatibilizar trabajo y ayuda y concede automáticamente el 33 % de discapacidad a quienes obtengan el grado I de dependencia y el 65 % al llegar a los grados II y III.
Cómo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se amplía a allegados reconocidos legalmente como cuidadores principales
¿Quién podrá solicitar la ayuda a partir de ahora? Cualquier persona que atienda a un dependiente en su casa, incluso si es amiga, vecina o pareja de hecho sin vínculo sanguíneo. El texto reconoce su labor formalmente y les abre la puerta a cobrar la “prestación económica para cuidados en el entorno familiar”, hasta ahora reservada a familiares directos. Además, desaparece la incompatibilidad: el cuidador podrá seguir trabajando sin perder la ayuda, un alivio para muchos hogares que combinan empleo precario y atención diaria.
La reforma unifica por fin los circuitos de dependencia y discapacidad. Desde la entrada en vigor, la resolución que otorgue un grado de dependencia llevará aparejado el porcentaje de discapacidad correspondiente: 33 % para el grado I y 65 % para los grados II y III. Esto simplifica trámites, evita dobles citas médicas y acelera el acceso a otras ayudas (bonificaciones fiscales, empleo protegido o plazas reservadas). “Es el sistema el que se adapta a las necesidades reales del país, no al revés”, subrayó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Nuevos derechos de las personas dependientes para permanecer en su entorno y evitar prácticas coercitivas injustificadas
El proyecto consagra la posibilidad de seguir viviendo en el propio domicilio o en recursos comunitarios. El beneficiario decide qué servicios recibe y se prohíben las sujeciones físicas o químicas contra su voluntad. También se vetan internamientos forzosos motivados únicamente por discapacidad y se refuerzan las garantías procesales: toda intervención requerirá consentimiento libre e informado. ¿Recuerdas los problemas durante la pandemia? Para no repetirlos, se fijan bases de coordinación sanitaria de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. A continuación se resumen, de forma sintética, los principales derechos reconocidos:
- Elegir el entorno en el que se prestará la ayuda y el tipo de apoyo.
- Compatibilizar las prestaciones con la actividad laboral del cuidador.
- Prohibición de sujeciones y administración de fármacos sin consentimiento.
- Derecho a asistencia sanitaria coordinada entre servicios sociales y salud.
- Garantías reforzadas frente a internamientos involuntarios basados en la discapacidad.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca “dejar atrás la época oscura de los recortes” y asentar un sistema público de cuidados universal.
Más apoyos domiciliarios y préstamo de ayudas técnicas para una vida independiente y colaborativa
La norma amplía el catálogo de servicios: crecerá la asistencia domiciliaria, se potenciará la teleasistencia avanzada y se impulsarán nuevas fórmulas de convivencia colaborativa, como viviendas compartidas con apoyo profesional. Para facilitar la autonomía, las personas dependientes podrán acceder al préstamo de sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz sin asumir costes extra. Por otro lado, se mejorará la accesibilidad universal, reforzando obras y adaptaciones en viviendas y entornos públicos.
El Gobierno califica la reforma como “la de mayor calado social de la legislatura”. Falta ahora el trámite parlamentario, pero todo apunta a que antes de que acabe el año las nuevas reglas de juego estarán operativas. Entra en nuestra sección de prestaciones para conocer otras ayudas disponibles.
