Las comunidades deberán asumir obras de accesibilidad, tales como rampas, ascensores o salvaescaleras cuando lo pida una persona con discapacidad o mayor de 70 años
Las obras que permiten mejorar la accesibilidad en los edificios dejan de ser una simple decisión vecinal y pasan a ser una obligación legal. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que cualquier comunidad de propietarios debe ejecutar reformas en las zonas comunes cuando lo solicite un residente con discapacidad o una persona mayor de 70 años que viva, trabaje o reciba servicios en el inmueble.
La norma es clara: siempre que el coste anual de la actuación, una vez descontadas las ayudas públicas disponibles, no supere el equivalente a doce mensualidades ordinarias de los gastos comunitarios, la comunidad está obligada a aprobar y llevar a cabo la obra sin necesidad de votación. El artículo 10.b de la LPH califica estas intervenciones como “ajustes razonables” para garantizar la accesibilidad universal y la autonomía dentro del edificio.
Procedimiento para solicitar rampas, ascensores o salvaescaleras en la comunidad
El derecho a la accesibilidad se vincula directamente a la situación de determinadas personas residentes o usuarias del edificio. Basta con que una persona con discapacidad o una persona mayor de 70 años lo solicite para que se active esta obligación comunitaria, siempre dentro de los límites económicos fijados por la ley.
En este sentido, la decisión deja de estar supeditada al consenso vecinal cuando se cumplen los requisitos legales. El objetivo es evitar que las necesidades de los residentes en situación de vulnerabilidad queden bloqueadas por desacuerdos entre vecinos o por reticencias a asumir el gasto.
Para iniciar el proceso, la persona interesada debe presentar una solicitud formal dirigida al presidente de la comunidad. A esta petición debe acompañar un informe técnico en el que se detallen las características de la reforma propuesta, su necesidad y la forma de ejecución.
Este documento técnico resulta esencial, porque justifica la conveniencia de la actuación y ofrece a la comunidad la información necesaria para valorar el alcance real de la obra: qué se va a hacer, por qué es imprescindible y cómo se ejecutará. En caso de que la comunidad se niegue a llevarla a cabo, el vecino afectado podrá acudir a la justicia para defender su derecho.
Qué ocurre con el coste de las obras de accesibilidad cuando supera el límite legal
Cuando el presupuesto final supera el umbral de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunitarios, el escenario cambia. En estos casos, la ejecución de las obras sí debe debatirse en junta de propietarios y someterse a votación.
La aprobación requiere una mayoría simple: más del 50% de los propietarios presentes o representados en la reunión y que, a su vez, acumulen más del 50% de las cuotas de participación del edificio. Si la junta rechaza el proyecto, la persona solicitante mantiene la posibilidad de realizar la obra por su cuenta, asumiendo íntegramente el coste. La ley, por tanto, no veta estas reformas, sino que determina quién debe pagarlas según el límite económico fijado.
Entre las actuaciones más frecuentes se encuentran la instalación de rampas, ascensores o sillas salvaescaleras, así como sistemas automáticos de apertura de puertas o videoporteros accesibles que facilitan la comunicación con el exterior. Todas ellas persiguen eliminar barreras y permitir el tránsito de personas con movilidad reducida en condiciones de mayor seguridad y comodidad. Si quieres conocer más gestiones comunitarias, entra en nuestra sección de trámites.
