Lo que empezó como un ambicioso proyecto para mejorar la detección del cáncer de próstata ha derivado en una acusación penal. La Fiscalía Provincial de Madrid reclama cuatro años y seis meses de prisión para P.C.G., director de proyectos de Arcis Biotechnology Holding, al considerar acreditado que usó la tarjeta destinada a la investigación médica para cubrir gastos privados.
La Fiscalía Provincial de Madrid detalla cómo P.C.G. sufragó gastos personales con fondos contra el cáncer de próstata
Entre 2017 y 2020, la empresa británica Arcis Biotechnology Holding facilitó al investigador una tarjeta corporativa para adquirir material científico necesario en el Hospital La Paz de Madrid. En ese periodo, el Ministerio Público sostiene que el acusado efectuó cargos por valor de 53.800 euros, completamente ajenos a la finalidad del proyecto.
Restaurantes, alquileres de vehículos, alimentación, artículos para mascotas o pagos en centros comerciales forman parte de la lista de desembolsos atribuidos a P.C.G. La acusación describe un uso continuado y “sin relación alguna” con los objetivos de la investigación, que buscaba desarrollar un panel transversal de marcadores moleculares para cáncer de próstata.
Aunque la causa aún no ha sido juzgada, la Fiscalía imputa un delito continuado de apropiación indebida y solicita la pena de cuatro años y medio de prisión, además de la devolución íntegra del importe desviado.
Durante las pesquisas afloró otro supuesto episodio de enriquecimiento ilícito: la apropiación de más de 683.000 euros de los socios del gimnasio Castellana Sports Club, ubicado en la estación de Chamartín. Este extremo, recogido igualmente en la acusación, refuerza la apreciación de un patrón de conducta reiterada.
De restaurantes a servicios médicos privados: lista de cargos atribuidos al investigador
A diferencia de otros asuntos donde los fondos desviados procedían de subvenciones públicas, en esta ocasión el dinero provenía de capital privado de Arcis Biotechnology Holding. Sin embargo, la Fiscalía subraya que la confianza empresarial merece el mismo nivel de tutela penal que el erario público.
El proceso amenaza con convertirse en un aviso para laboratorios y fundaciones que financian proyectos biomédicos en España. En este sentido, la causa pone de relieve la importancia de implantar controles internos estrictos sobre el uso de tarjetas corporativas y justificar documentalmente cada gasto.
De ser condenado, P.C.G. podría ingresar en prisión y enfrentarse a la inhabilitación para gestionar recursos de investigación. Dado lo anterior, el procedimiento se perfila como un punto de inflexión en la práctica habitual de las entidades que, como Arcis, confían sus fondos a responsables científicos con amplia autonomía. Accede a nuestra sección de actualidad para conocer otras sentencias notorias en nuestro país.
