El Juzgado de lo Social número 8 de Madrid ha emitido una sentencia en la que condena a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid por denegar, a través de silencio administrativo (se hacían los “locos”), el reconocimiento de una discapacidad del 65% a una trabajadora con graves problemas de salud. La afectada inició su solicitud en enero de 2023, aportando informes médicos que respaldaban su petición. Tras no recibir respuesta, presentó una nueva reclamación en junio del mismo año. Ante la persistencia del silencio administrativo, decidió acudir a la vía judicial. Durante el proceso, la administración madrileña reconoció un grado de discapacidad del 49%, inferior al solicitado y al que finalmente ha determinado el tribunal.
¿Por qué ha sido condenada la Consejería de Familia de Madrid?
La trabajadora, representada por el despacho Parrado Asesores, presentó su primera reclamación en enero de 2023, acompañada de informes médicos que avalaban la necesidad de reconocerle un grado de discapacidad del 65%. Al no obtener respuesta, interpuso una nueva reclamación en junio del mismo año. Ante la falta de contestación por parte de la Consejería de Familia de Madrid, decidió llevar el caso ante la justicia. Durante el proceso judicial, la Administración reconoció un 49% de discapacidad, porcentaje que la afectada consideró insuficiente, según los informes médicos presentados. El tribunal, tras analizar las pruebas y diagnósticos aportados, determinó que la trabajadora padece múltiples patologías, entre las que se incluyen
- Alteraciones estructurales en la columna cervical.
- Discopatía degenerativa.
- Secuelas de fractura por acuñamiento.
- Hernias discales.
- Dolor cervical refractario.
- Lumbalgia.
- Artritis acromioclavicular.
- Dolor neuropático por herpes zóster.
- Cuadro depresivo secundario.
Basándose en estos diagnósticos, el juez concluyó que correspondía reconocerle un grado de discapacidad del 65%, tal como solicitaba la demandante. Esta sentencia pone de manifiesto las deficiencias en la gestión administrativa de la Comunidad de Madrid, en especial la Consejería de Familia, respecto al reconocimiento de grados de discapacidad. La demora en las respuestas y el uso del silencio administrativo perjudican sobremanera a los ciudadanos que requieren de estos reconocimientos para acceder a beneficios y servicios esenciales. La letrada de la trabajadora, Cristina Alonso, destacó que su clienta tuvo que recurrir a la vía judicial debido a la incorrecta aplicación de los criterios técnicos por parte de la Administración desde el inicio del proceso.
¿Qué implicaciones tiene la condena para la administración madrileña?
Este caso muestra una problemática más que evidente en la Comunidad de Madrid, donde los tiempos de espera para el reconocimiento de discapacidades han aumentado significativamente en los últimos años. Según informes, las demoras actuales pueden extenderse hasta dos años, superando con creces el plazo máximo legal de seis meses. Esta situación se atribuye principalmente a la falta de personal en los centros de valoración, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de las personas afectadas y en su acceso a derechos y prestaciones
La sentencia obliga a la Consejería de Familia de Madrid a reconocer el grado de discapacidad del 65% con carácter retroactivo desde la fecha de la primera solicitud en enero de 2023, lo que sienta un precedente importante para futuros casos en los que la Administración no responda en tiempo y forma a las solicitudes de los ciudadanos. Esta y otras muchas sentencias de interés para el ciudadano se publicarán en nuestra sección de actualidad.
