La institución, tras consultar a la Secretaría de Estado de Hacienda, recuerda que el reconocimiento de dependencia no equivale a discapacidad a efectos del Impuesto sobre la Renta. Además, la cuestión sigue en trámite parlamentario.
El Defensor del Pueblo ha precisado que los certificados de dependencia no pueden servir para acreditar la discapacidad en el IRPF. Esta conclusión se basa en la normativa vigente, revisada tras consultar a la Secretaría de Estado de Hacienda. Además, ha comunicado que suspende las consultas y actuaciones con Hacienda hasta que la norma en tramitación se apruebe.
Por qué los certificados de dependencia no sirven para acreditar discapacidad en el IRPF
Según lo trasladado por la Secretaría de Estado al Defensor del Pueblo, la resolución que reconoce un grado I, II o III de dependencia no determina que esa persona sea “una persona con una discapacidad”. El motivo es que la dependencia se encuadra en el ámbito de los servicios sociales y no en el de la valoración administrativa de la discapacidad.
Si tienes reconocido un grado de dependencia y pensabas que con ese documento bastaba para el IRPF, ojo, porque la interpretación que se expone aquí va justo en sentido contrario. Antes de entrar en los cambios que se están planteando, estas son las ideas principales que deja la comunicación:
- El certificado de dependencia no acredita discapacidad a efectos del IRPF.
- La dependencia se vincula a servicios sociales, no a la valoración administrativa de discapacidad.
- El asunto está en tramitación parlamentaria y el Defensor del Pueblo pausa gestiones con Hacienda.
- La Ley 8/2021, al reforzar la guarda de hecho, estaría provocando pérdida de beneficios fiscales previos.
Dependencia y discapacidad no se consideran lo mismo en el terreno tributario con la normativa vigente que se está aplicando.
Qué plantea el proyecto de ley en trámite y por qué no afectaría al IRPF
El Defensor del Pueblo también recuerda que esta cuestión está actualmente en tramitación parlamentaria. En ese contexto, se menciona que el proyecto de ley de modificación en trámite propone una asimilación de porcentajes entre dependencia y discapacidad, pero, al mismo tiempo, se indica que no se aplicaría en el ámbito tributario. Para entenderlo mejor, esta es la equivalencia que se plantea en el proyecto, junto con el límite que se detalla:
| Grado de dependencia reconocido | Discapacidad que se consideraría | Aplicación en el ámbito tributario |
|---|---|---|
| Grado I | 33% | No sería aplicable en el IRPF |
| Grado II | 65% | No sería aplicable en el IRPF |
| Grado III | 65% | No sería aplicable en el IRPF |
Por tanto, aunque el proyecto proponga esa referencia porcentual, el propio planteamiento citado indica que surtiría efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por esa ley u otras normas que lo contemplen expresamente, quedando fuera el ámbito tributario.
La reforma de la Ley 8/2021 y la petición del CDC sobre los mínimos del IRPF
El Defensor del Pueblo también ha advertido de un efecto práctico asociado a la reforma introducida por la Ley 8/2021: al reforzar la figura de la guarda de hecho, se estaría produciendo “en la práctica la pérdida de los beneficios fiscales que tenían antes de la reforma” para muchas personas con discapacidad y sus familias.
Y aquí entra otra pieza relevante: el CDC propone revisar el concepto de descendiente por asimilación. El objetivo sería posibilitar la aplicación de los mínimos por descendiente y discapacidad en situaciones, cada vez más frecuentes, de apoyo y asistencia a la capacidad jurídica de familiares mayores de edad con discapacidad, mediante figuras como la guarda de hecho o la curatela, siempre que se cumplan los requisitos de convivencia y dependencia económica, por considerarlo más acorde con los principios de justicia tributaria.
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