Sindicatos y Función Pública activan una comisión para aplicar la jornada laboral de 35 horas y fijar reglas comunes del teletrabajo en la AGE.
Sindicatos y Ministerio de Función Pública activan una Comisión de Seguimiento y señalan febrero o marzo como horizonte para recortar jornada en la AGE. El 2026 llega con cambios para los empleados públicos. Tras la subida de sueldo y el pago de atrasos, el foco pasa ahora a la semana de 35 horas (frente a las 37,5 actuales) y a poner reglas claras al teletrabajo en la Administración General del Estado.
Comisión de Seguimiento con sindicatos y Función Pública para reducir jornada laboral y teletrabajo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comunicó la creación de una Comisión de Seguimiento junto a otros sindicatos y el Ministerio de Función Pública. La primera reunión será en enero y buscará impulsar la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo.
UGT Servicios Públicos ha avanzado que la AGE se compromete a que la jornada de 35 horas entre en vigor entre febrero y marzo. Y sobre el trabajo a distancia, los sindicatos reclaman un soporte normativo «sólido» para que se aplique de forma homogénea. ¿Te suena eso de que cada unidad lo interpreta a su manera? Pues precisamente quieren evitarlo.
En la misma negociación también se han citado compromisos más generales (sin concreción por ahora), como acortar plazos de selección o mejorar la movilidad y la promoción interna.
Subida salarial, atrasos y nómina extra: qué importes se esperan y cuándo se cobran
Este paso se conoce solo una semana después de que el Congreso convalidase el decreto ley que contempla un aumento acumulado del 11% en las retribuciones entre 2025 y 2028. La aplicación será progresiva, pero ya arranca con una subida del 2,5% en las nóminas de este mismo mes respecto al año pasado, sumada al 0,5% adicional aprobado en 2024.
De cara a 2026, se prevé un incremento fijo del 1,5% sobre los importes vigentes a finales de 2025, con la opción de añadir otro 0,5% si la inflación lo permite. Se apunta a un aumento acumulado del 4% para empezar el año, a partir de enero.
Como referencia, el salario medio bruto mensual del sector público (incluidas empresas públicas) es de 3.328,6 euros en 12 pagas. Con esa cifra, el 2,5% supondría 83 euros más al mes y, con atrasos desde enero, el acumulado ascendería a 998 euros.
Los abonos de las nóminas extra pueden llegar hasta 1.654 euros según categorías y se realizarán en las próximas semanas. El Ministerio espera que la mayoría de comunidades autónomas paguen los atrasos en diciembre, aunque algunas (Madrid, Cantabria o Galicia) los incluirán en la nómina de enero. En corporaciones locales la situación es similar y no siempre hay medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extra. Entra en nuestra sección de empleo para conocer otras noticias laborales.
