En diciembre de 2024, la empresa de pisos y alojamientos turísticos de Airbnb anunció que apelaría la decisión de Consumo por el expediente sancionador que interpuso contra ellos. Esta decisión del ministerio que lidera Pablo Bustinduy está basada en la detección desde años de infracciones graves por parte de la compañía y que conlleva multas que cuatriplicarían el beneficio obtenido de forma ilícita. Este expediente se interpuso tras advertir reiteradamente a Airbnb para que retirase miles de anuncios ilícitos de pisos turísticos de la plataforma.
Consumo ordena la retirada de la plataforma de más de 65.000 pisos turísticos
El Ministerio de Consumo lleva varios meses emitiendo resoluciones a Airbnb para que esta retire de su web un sinfín de anuncios de pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente y que vulneran, por tanto, los derechos de los consumidores, entre otros. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la reclamación de la plataforma y respalda la decisión del Gobierno. Desde este órgano instan a Airbnb a retirar de forma inmediata los 5.800 anuncios de viviendas turísticas que se incluían en la primera resolución. Estas viviendas se encuentran repartidas en seis comunidades autónomas diferentes: Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña.
Con este importante respaldo judicial, la Dirección General de Consumo ha tomado fuerza y ha reclamado ante la filial de Airbnb en Irlanda de esta compañía, que es la que gestiona el negocio en Europa, que bloquee 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos de su plataforma. Este total es la suma de los que se han detectado en las tres resoluciones. Desde Consumo alegan varias razones para calificar estos anuncios de pisos turísticos como ilegales, contraviniendo las normas más básicas que regulan este tipo de negocios.
El número de licencia o la naturaleza de los arrendadores
El Ministerio de Consumo considera ilegales estos pisos turísticos como ilícitos por contravenir de forma clara la normativa referente a la publicidad de este tipo de negocios de alojamientos turísticos. Una de las principales razones que justifican esta ilegalidad manifiesta es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, siendo esta la infracción más común.
Otra de las razones es que los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no especifican si son particulares o profesionales, siendo esta una cuestión fundamental para saber si quienes contratan están protegidos como consumidores. Es bastante común que las empresas gestoras de viviendas turísticas se hagan pasar por particulares y de esta forma encuentren beneficios como evitar tener un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones.
Y una última razón de peso por la que estos anuncios pueden ser calificados como ilegales es que algunos de estos incorporan un número de licencia que no se corresponde al que expide la autoridad competente, contraviniendo y vulnerando otro de los derechos básicos de los consumidores. De momento, Airbnb no se ha pronunciado con respecto a esta última resolución.
