El Ejecutivo autonómico gestiona una modificación normativa para suprimir estos vallados de fácil combustión en urbanizaciones vulnerables.
La Comunidad de Madrid reformará la Ley de Arbolado Urbano con el fin de simplificar el cambio de los setos de arizónicas por variedades vegetales con menor propagación ante incendios forestales. Esta iniciativa quedará recogida en el próximo texto de la Ley Forestal, que ahora mismo se halla en proceso de tramitación. Hasta que se valide este ajuste regulatorio, la Consejería de Medio Ambiente comunicará a las administraciones locales el riesgo que entrañan los setos de arizónicas dentro de los terrenos particulares. De este modo, el personal técnico de los consistorios considerará este factor al tramitar los permisos de poda y conservación.
El propósito de esta medida consiste en disminuir la exposición al peligro de los inmuebles ubicados en la franja de contacto entre el entorno urbano y el forestal; es decir, aquellos núcleos residenciales edificados junto a terrenos boscosos.
Los motivos por los que los setos de arizónicas representan una amenaza de fuego
Según detalla la campaña de concienciación impulsada por el Gobierno madrileño, estas especies vegetales albergan abundante resina y ramas secas en su parte interna; esto las transforma en un material altamente combustible. En caso de declararse un incendio en el bosque, estas barreras funcionan como un conductor directo de las llamas, propagándolas desde el monte hacia el interior de los jardines y las propias edificaciones.
Con el objetivo de atenuar esta amenaza en los hogares situados en zonas de peligro, la misma campaña institucional aconseja seguir estas directrices de seguridad:
- Ubicar estas plantaciones a una distancia superior a los 5 metros de cualquier construcción del terreno.
- Prescindir de elementos de fácil combustión para la instalación de los cierres perimetrales.
- Colocar vallados que incorporen una base de mampostería u hormigón de como mínimo 1 metro de elevación.
- Mantener una franja perimetral de 30 metros de separación preventiva entre la casa y el terreno de bosque.
El reemplazo de estas variedades por arbustos con mayor resistencia a las llamas incrementa de forma significativa la protección de los residentes en entornos de monte.
Las responsabilidades de los consistorios y de los dueños de parcelas en Madrid
La administración autonómica ya ha trasladado esta alerta de seguridad a los 179 ayuntamientos de la región; el Gobierno regional subraya que las poblaciones ubicadas en zonas con alta probabilidad de incendios forestales deben publicar, por mandato legal, un bando municipal con medidas preventivas destinadas a los residentes de su término.
La eliminación de estas barreras verdes no obedece a razones ornamentales, sino que constituye una acción de seguridad común. Las corporaciones locales están facultadas para requerir estas distancias y la limpieza de las parcelas mediante sus planes de emergencia municipales; asimismo, la futura normativa determinará si se fijan nuevas exigencias, permisos más ágiles o subvenciones públicas para que los particulares financien la adecuación de sus jardines.
El estado de la modificación normativa y el desarrollo del plan INFOMA
Cabe señalar que la actualización de la Ley de Arbolado Urbano de 1995 sigue en periodo de desarrollo administrativo. El proceso de participación pública para este borrador de reforma se desarrolló del 23 de abril al 14 de mayo de 2026; por tanto, la iniciativa posee de momento un carácter orientativo y de prevención, sin que se hayan abierto aún convocatorias de subvenciones ni plazos de obligado cumplimiento para la ciudadanía.
Mientras se concreta la regulación para reemplazar los setos de arizónicas por arbustos de menor riesgo, la Comunidad de Madrid mantiene operativo el plan INFOMA 2026 durante todo el año. La fase de máxima alerta por fuegos forestales se extiende desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026, una época de especial riesgo en la que trabajarán 6.110 profesionales y voluntarios en labores de extinción y salvamento.
El presupuesto asignado a este dispositivo de prevención y extinción supera los 52,5 millones de euros para el presente año. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico, esta inversión y las tareas de limpieza forestal en más de 5.600 hectáreas han permitido que el 81% de los fuegos detectados en 2026 queden reducidos a conatos; en concreto, 129 de las 159 emergencias registradas afectaron a menos de una hectárea de terreno.
