La Organización de Consumidores y Usuarios acusa a dos agencias inmobiliarias de Madrid de exigir a los inquilinos una mensualidad más IVA pese a que la ley establece que debe asumirlo el propietario.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid a CH Royal, Canillas Home S.L. y Madridem por exigir a los inquilinos comisiones que no les corresponden. Según la asociación, ambas agencias reclamaban aproximadamente una mensualidad de renta más el 21% de IVA, en algunos casos bajo el nombre de “tasa de servicio”. Este tipo de cargos se suma a otras dudas frecuentes del mercado del alquiler, como la fianza legal en un alquiler, una cuestión que también conviene tener clara antes de firmar.
La denuncia de la OCU por las comisiones de las inmobiliarias en los alquileres de Madrid
La OCU explica que detectó estos cobros durante un estudio reciente sobre prácticas del sector inmobiliario. Antes de presentar la denuncia, contactó con las dos agencias para pedir aclaraciones. Madridem no respondió. Al mismo tiempo, CH Royal no pudo detallar qué servicios incluía esa “tasa de servicio” ni acreditar que fuera opcional, por lo que la organización entiende que el pago era obligatorio.
Para la asociación, estas actuaciones no solo chocan con la Ley de Arrendamientos Urbanos. También pueden vulnerar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esto provoca un perjuicio económico al arrendatario y limita sus derechos básicos como consumidor.
¿Qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre los gastos del alquiler?
La norma estatal cambió en 2023 y dejó por escrito que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Desde entonces, trasladar esos importes al inquilino en un alquiler de vivienda habitual no encaja con la ley.
La propia OCU añade un matiz relevante. Solo podrían cobrarse al arrendatario servicios contratados o aceptados de forma voluntaria. Deber ser claros y que estén en un contrato independiente del arrendamiento. Esa precisión es importante porque algunas agencias presentan estos pagos con nombres distintos para intentar justificar el recargo.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ya advirtió en 2025 de que este tipo de prácticas puede ser sancionado como infracción grave o muy grave. En esos supuestos, las multas pueden alcanzar los 100.000 euros o incluso un millón de euros, además de superar esas cantidades en función del beneficio ilícito obtenido.
¿Qué pide la OCU a Madrid y cómo pueden reclamar los inquilinos?
Con esta denuncia, la organización reclama a la Comunidad de Madrid que abra una inspección, imponga las sanciones que correspondan y obligue a cesar de inmediato el cobro de cualquier comisión o tasa que deba pagar el propietario. La actuación se enmarca en su campaña contra los cobros abusivos en el alquiler, con la que también anima a los afectados a reclamar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente.
La OCU sostiene que, si el inquilino no ha pedido de forma expresa un servicio adicional y ese coste está vinculado a la intermediación o a la firma del contrato, el cobro puede ser reclamable. En nuestra sección de actualidad publicamos periódicamente las denuncias de la OCU que son de interés para el ciudadano de a pie.
